El Universo: Las acciones de la organización social, en mira del Estado

marco-legalEn el año 2009 cuando la ministra de salud en aquel entonces Caroline Chang, derogó la personería jurídica de Acción Ecológica, manifestó que “se incumple los fines para los cuales fue creada la organización”.

A fondo: Decreto Ejecutivo

Año 2009. Con el acuerdo 157 del 2 de marzo, la entonces ministra de Salud, Caroline Chang, deroga la personería jurídica de Acción Ecológica. El documento establecía que la medida entraba en vigencia sin necesidad de ser publicada en el Registro Oficial, y decía: “Ha incumplido los fines para la que fue creada, sin que sus acciones, dentro del campo de la salud, hayan sido coordinadas con el Ministerio de Salud Pública”.

La sanción fue desechada cuatro meses después, cuando la ONG demostró que su labor tenía relación con proyectos en materia de medio ambiente y no con salud. Dos décadas antes, en 1989, había iniciado su actividad en el país bajo la coordinación del Ministerio de Salud porque el del Ambiente aún no existía.

“Fueron argumentos absurdos, que demostraban que era más una jugada política por parte del Gobierno que una aplicación certera de la ley”, dice Ivonne Yánez López, hoy vicepresidenta de Acción Ecológica, organización que en el 2009 organizó marchas y plantones en contra del proyecto de Ley Minera. Ahora critica el Decreto 16 en el que se expide el Reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (Suios). Fue firmado por el presidente Rafael Correa en junio pasado.

Ese reglamento, en el artículo 2, indica que regulará las organizaciones sociales, las entidades u organismos competentes del Estado, las ONG (organizaciones no gubernamentales) y a quienes administren documentación, información o promuevan organizaciones sociales. Líderes y dirigentes creen que se está atentando contra la libertad de asociarse con independencia y sin la influencia estatal.

Una crítica llegó esta semana de la ONG internacional Human Rights Watch (HRW). José Miguel Vivanco, director de la División para América de la organización, dice que estaría privándose a la sociedad ecuatoriana de un modo de participación aceptado en democracia.

El decreto no solo busca subordinar a la sociedad civil al control gubernamental, desde el momento en que la aprobación de la personalidad jurídica dependerá de la buena voluntad de la autoridad de turno en el área en que se quiera trabajar”, asegura Vivanco a este Diario –vía telefónica– desde EE.UU.

Para César Ricaurte, director de Fundamedios, que el pasado 30 de julio presentó una acción de amparo constitucional contra el decreto, el reglamento contiene causales muy subjetivas para disolver las organizaciones como, por ejemplo, la del artículo 26, literal 7, que refiere: “la afectación a la paz pública”.

Pero el punto más grave, cree, “es la transitoria con la que de un plumazo, violando cualquier principio de un Estado de Derecho y Democrático que es la Seguridad Jurídica, se borra el registro de las organizaciones, se quita la personería jurídica y obliga a registrarnos otra vez”.

Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE), también ha presentado acciones legales contra el reglamento. La dirigente afirma que su aplicación “significaría eliminar la condición de organización veedora de las entidades públicas. Levantamos un proceso de demanda a la Asamblea, la Corte Constitucional, la Organización Internacional de Trabajadores y la Internacional de Educación”, dice.

En junio pasado, la Secretaría de Gestión de la Política, encargada del Suios, indicó que las organizaciones deben registrarse hasta junio del 2014. Además, el pasado 17 de julio, informó que el nuevo sistema fue desarrollado “de manera participativa y con base en los resultados de un proceso de diagnóstico realizado con aproximadamente 1.700 organizaciones” en el país.

En el 2009, por el caso de Acción Ecológica, Correa dijo que existían unas 30.000 ONG de las que el 95% no cumplían con los requerimientos legales. “Por eso hacemos la depuración”, afirmó en ese entonces el presidente.

Otro de los colectivos que presentó una acción legal contra el decreto fue la Ecuarunari. Su presidente, Carlos Pérez Guartambel, critica las disposiciones mediante las que el Estado puede pedir información a las ONG. “Nosotros damos cuentas a las bases, pero no al Estado si no ha puesto ni un centavo”, dice.

Por su parte, Mario Morales, presidente de la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha, rechaza los términos en los que fue emitido el reglamento, porque, cree, afecta la actividad gremial.Reglamentos como estos desactivan a las organizaciones de oposición. Si uno dice no estoy de acuerdo, simplemente dirán: los eliminamos. Así quién va a poder opinar en contra”.

Patricia Sarzosa, viceministra de Gestión de la Política, dijo el jueves –en rueda de prensa– que el desconocimiento lleva a dirigentes a acciones legales contra el decreto. “Los que pidieron amparo constitucional es desconocimiento. Los invitamos al proceso de socialización. Si hay mala fe, esperemos que no se tergiverse…”.

Enrique Astudillo Campoverde, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos, cree que se busca intimidarlos. “Desde el principio el Gobierno ha entrado a intimidar a la organización social y a cada rato está cambiando reglamentos (el 2008 se emitió el Decreto 982, derogado con el 16). Estamos obligados a reinscribirnos. Piden montón de documentos”, afirma.

Con él coincide Yánez, de Acción Ecológica: “Está bien que haya que cumplir con requisitos exigidos por organismos de control (SRI, IESS). Pero como fue escrito este decreto es una involución para el nivel de desarrollo de una sociedad...”.

Lo que dice: EL REGLAMENTO

Artículo 5
Involucra a corporaciones, fundaciones, otras formas de organización social nacionales o extranjeras; y organizaciones de control social, constituidas por el Estado, en caso que quieran incorporarse al sistema.

Artículo 7, literal 10
Respetar el derecho de sus asociados o de quienes por residir en una… jurisdicción o poseer determinada calidad laboral, institucional, gremial…, relacionadas directamente con el objeto o la naturaleza y/o los fines de la organización, tienen el interés… de participar.

Artículo 26, literal 7
Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos (…); de injerencia en políticas públicas que atentan contra la seguridad interna o externa del Estado o afecten la paz pública.

1.700 ORGANIZACIONES
Fueron analizadas antes de establecer el Decreto 16, según la Vicepresidencia de Gestión Política.

95% 
De 30 mil ONG no cumplían con los requerimientos legales, dijo el presidente Rafael Correa en el 2009.

Domingo, 18 de Agosto, 2013

Tomado de: http://www.eluniverso.com/noticias/2013/08/18/nota/1302991/acciones-organizacion-social-mira-estado

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