El Comercio: Putin quiere acabar con las ONG para controlarlo todo

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Vladimir Putin, presidente de Rusia, le declaró la guerra a las ONG desde el 2006 y constantemente envía funcionarios a cumplir con este trabajo en las organizaciones.

Este es el reportaje completo de Martín Pallares publicado en El Comercio: 

La escena se ha repetido más de 2000 veces a lo largo del territorio ruso. Funcionarios del gobierno de Vladimir Putin entran violentamente a las oficinas de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y empiezan a rebuscar documentos, a hacer preguntas, a vigilar si los sistemas antiincendios están funcionando o incluso si tienen botiquín con medicamentos. Junto con los agentes del Fiscal llegan funcionarios de la oficina recaudadora de impuestos, abogados, inspectores de salud y hasta bomberos.

La idea es simple: buscar cualquier pretexto para cerrar a las ONG o, al menos, asustar a sus empleados para que no se atrevan a expresar cualquier disenso. Esta es la batalla final de la guerra que Putin emprendió contra las ONG en el 2006. Y es similar a la que otros gobiernos de corte autoritario han llevado a cabo como, por ejemplo, en Egipto, Zimbabue, Filipinas, Indonesia y China… En el caso de Rusia, los antecedentes a los allanamientos fue una ley aprobada, que estableció una serie de obstáculos al trabajo de las ONG y, sobre todo, normas lo suficientemente confusas que permiten que bajo cualquier pretexto se las pueda cerrar. O al menos silenciar por el temor. Pero, ¿por qué hacer la guerra a las ONG? “Para todo régimen autoritario, controlar a la sociedad civil es crucial para poder mantenerse en el poder”, dice William Dobson autor de ‘The Dictator’s Learning Curve‘, el libro en el que retrata a los nuevos autócratas.

Para Putin, explica Dobson, la necesidad de controlar a las ONG ha sido parte fundamental de su esfuerzo por centralizar el poder. La ley aprobada en el 2006 le da al Kremlin amplios poderes sobre estas organizaciones que, por su naturaleza, no tienen fin de lucro. Por eso, cualquier ONG puede ser inspeccionada en un momento determinado, se establecen trámites casi imposibles de cumplir, se otorga a funcionarios del gobierno el derecho a participar en sus reuniones y establece que el Ministerio de Justicia tengan el derecho a exigir cualquier papel. Los grupos más golpeados han sido los que monitorean el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión. Precisamente, la ley permite a los funcionarios del Gobierno a suspender a las ONG o congelar sus cuentas si se “involucran” en actividades políticas y reciben fondos de ciudadanos o gobierno de otros países, especialmente de los EE.UU, como señala la periodista Keneth Rapoza en Forbes.

Rachel Debner, directora de Human Rights Watch para Europa, ha dicho que estos allanamientos no tienen precedente. “Putin está dejando en claro que en su visión el monitoreo sobre el respeto a los derechos humanos es un asalto a la soberanía rusa“. Los últimos allanamientos han afectado sobre todo a organizaciones que reciben dinero de los EE.UU. o de Alemania. Esos gobiernos se han quejado. Pero para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, esos reclamos son “cínicos”, “provocativos” y constituyen una “intervención en asuntos internos”. La ley también establece que las ONG que reciben fondos de otros países se registren como “agentes extranjeros”, lo que muchos se resisten a obedecer. Masha Gessen, una reconocida periodista que escribió ‘El Hombre sin rostro’, una biografía de Putin, recordaba en un artículo publicado en el The New York Times que al final de la era Milosevic, en Yugoeslavia, muchas ONG tuvieron que cerrar por la serie de regulaciones que les pusieron al financiamiento internacional. “Rusia nunca se ha parecido tanto a la Unión Soviética”, sentenciaba la escrito sobre esta nueva Rusia.

En Ecuador contra las cuerdas en el Ecuador un reglamento expedido por el Gobierno ha puesto a las organizaciones de la sociedad civil contra las cuerdas. “Es claramente una movida parecida a la rusa”, explica el abogado Mauricio Alarcón, de Fundamedios, quien ha estudiado el reglamento expedido por la Presidencia de la República. Según Alarcón, esa norma establece obligaciones que están diseñadas para colocar a las ONG en la siguiente encrucijada: o mantienen silencio o las clausuran. Entre esas obligaciones está que aquellas ONG que reciban dinero del exterior tienen que entregar al Gobierno toda la información sobre su trabajo y sus fondos . Hay otra obligación sensible: las ONG tienen que admitir como miembros a cualquier persona que muestre interés legítimo en pertenecer a ella. Es decir, si en un organismo que monitorea el respeto a los DD.HH. en el Ecuador hay un directorio de cinco miembros, seis personas cercanas con ideas distintas pueden solicitar su ingreso. La ONG está obligada a aceptarlos, en cuyo caso quedará en manos de sectores críticos. Y si no lo hace, pueden ser cerradas.

 Sábado 17/08/2013

MARTIN PALLARES C.
EL COMERCIO

Tomado de: http://www.elcomercio.com.ec/politica/Putin-acabar-ONG-controlar-sociedad_0_976102467.html

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