Vistazo. ONGs: borrón y cuenta nueva

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Tristana Santos, de Revista Vistazo, recoge las opiniones de distintos actores de la sociedad civil sobre el Decreto 16 .

Este es su reportaje: 
Aunque el Decreto 16 se emitió en junio y las organizaciones afectadas reaccionaron inmediatamente, la noticia no levantó olas en el país hasta que Human Rights Watch dio la voz de alerta. El chileno José Miguel Vivanco, director de este organismo internacional de defensa de derechos humanos, ha calificado al decreto del presidente Rafael Correa, que impone nuevas reglas a las organizaciones no gubernamentales como “el retroceso más grave ocurrido en la región en los últimos 20 o 25 años en cuanto a la necesidad de fortalecer y respetar la independencia y florecimiento de una sociedad civil vigorosa”.
Vivanco ha denunciado que el Decreto 16 atenta contra la libertad de reunión y asociación (un derecho garantizado en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de Derechos Humanos), y coarta la independencia de las organizaciones, que deberán completar un largo trámite para obtener su personería jurídica hasta junio de 2014.
El Decreto 16 deroga a una normativa de 2008 que fue aprobada por el mismo gobierno, y crea el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (reporta a la Secretaría de Gestión de la Política), que obliga a las entidades sin fines de lucro a sujetarse a control estatal mediante la entrega de actas de asambleas, informes económicos y demás información de cualquier momento de su vida institucional según lo requiera el funcionario encargado. Para lograr que se las incluya en este sistema, las casi 60 mil organizaciones que existen en el país “deberán sustentar el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creadas y no hallarse incursas en ninguna de las causales de disolución… Aquellas organizaciones que no hayan obtenido el registro”, sentencia el reglamento, “no podrán operar en el país”.
Nuevas reglas
Todas las entidades sin fines de lucro, desde un club, una comuna y un comité barrial hasta una federación nacional y una cámara, deberán registrarse y atenerse a la nueva norma. El artículo que define las causales de disolución es el más criticado por las ONGs. Se les prohíbe dedicarse a actividades de “política partidista”, realizar gestiones de “injerencia en políticas públicas” y afectar la “paz pública”.
A las ONGs internacionales también se les prohíbe realizar actividades de injerencia política, en una medida que va a tono con las continuas denuncias del Presidente de que organizaciones estadounidenses como USAID financian a entidades locales que tienen fines “desestabilizadores y golpistas”.
El año pasado, cuatro entidades que habían ganado un concurso de financiamiento de USAID (el Grupo Faro, Fundamedios, Fundación Esquel y el Fondo Ecuatoriano Populorium Progressio) para crear un programa de fortalecimiento de la sociedad civil, fueron acusadas por el régimen de ser opositoras y sesgadas. Uno de los objetivos de ese programa, llamado Ciudadanía Activa, que incluía foros, seminarios y capacitación era “mejorar la capacidad de incidencia en políticas públicas relacionadas con el fortalecimiento de la democracia”.
Con el nuevo reglamento, las ONGs internacionales deberán pasar por el filtro de la Secretaría Técnica de Cooperación Internacional que supervisará para qué se destinan los recursos, y cualquier “incidencia” en política queda prohibida.
Orazio Bellettini, director del Grupo Faro, y líder de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones de la Sociedad Civil, que agrupa a 54 organizaciones de 10 provincias, dice que el Decreto 16 tiene pros y contras. Destaca como positivo que se incorpore la creación de fondos concursables para que el Estado pueda transferir recursos a las organizaciones, el diseño de programas de capacitación y asistencia técnica, y “el compromiso del Estado de apoyar el proceso de formalización de instituciones de la sociedad civil”. Le preocupa, entre otras cosas, que el cierre de una organización quede a la discreción de un funcionario que pueda interpretar si se ha afectado la “paz pública”.
Respuesta oficial
Sin embargo, para la Secretaría de Gestión de la Política, no hay confusión sobre la causal de disolución, que califica como “explícita y precisa”. “Para que se constituya en causal (de disolución) la organización, en lugar de trabajar para los fines para los que fue creada, debe desviarse de la actividad que le corresponde y dedicarse a una reservada a partidos políticos”, explicó la entidad a Vistazo por e-mail. “Pero además para completar la causal, las actividades deben cumplir otro presupuesto que consiste en ser de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado”, o que “además afecten la paz pública”.
La Secretaría explica que una organización social no puede dedicarse a la preparación de movilizaciones ni a seleccionar y nominar candidatos para puestos electivos, actividades que son funciones obligatorias de los partidos políticos según la Ley Electoral. “Para superar dicha supuesta confusión hace falta solamente leer apropiadamente el numeral”, indica la Secretaría.
La injerencia en políticas públicas
Líderes de organizaciones no gubernamentales resaltan la contradicción entre el Decreto 16 y la Constitución de Montecristi, sobre la “incidencia” o “injerencia” (son sinónimos) que puede tener la sociedad civil en las políticas públicas.
Constitución del Ecuador
Artículo 96.- Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno…
Decreto 16 de la Presidencia de la República
Artículo 26.- Causales de disolución para organizaciones. 7.- Dedicarse a actividades de política partidista, reservadas a los partidos y movimientos políticos inscritos en el Consejo Nacional Electoral, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad interna o externa del Estado o que afecten la paz pública.
Artículo 37.- Prohibiciones. Las Organizaciones no Gubernamentales –ONGs– del exterior no podrán realizar actividades diferentes o incompatibles con las que le han sido señaladas o que atenten contra la seguridad y la paz pública. Las ONGs extranjeras su personal del exterior autorizado para trabajar en el país y sus familiares no podrán efectuar labores lucrativas, de injerencia política y/o proselitistas…

Tristana Santos

Tomado de Revista Vistazo: http://www.vistazo.com/impresa/pais/?id=6344

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