Organizaciones ecuatorianas, cuestionan el Decreto 16 ante la CIDH

Audiencia CIDHEl 28 de octubre de 2013, organizaciones ecuatorianas acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para cuestionar las violaciones inconstitucionales del Decreto 16, expedido en junio de 2013, que intenta regular las organizaciones sociales del Ecuador. 

Los peticionarios fueron Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae); Mariana Pallasco, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE); Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari; los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano, entre otros.

Castellanos lamentó la ausencia de los representantes del Estado ecuatoriano. “No nos sorprende su actuación pues localmente estilan actuar de la misma manera, privando a los ciudadanos de cualquier vía de diálogo propia de una sociedad democrática”.

Además afirmó que en los últimos seis años son más de 700 periodistas y comunicadores agredidos, 200 líderes sociales y 40 ya sentenciados, por protestar por el descontento con las políticas de gobierno. “Es él (Rafael Correa) quién nos declara culpables y los jueces nos sentencian”.

Por su parte, Pallasco afirmó que el Decreto 16 viola los estándares establecidos por la CIDH y su Relatoría para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, que garantizan el derecho de libre asociación con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole.

“El Decreto 16 desconoce por completo esta garantía, también reconocida en la Constitución…”, añadió la educadora. Pallasco denunció que el Estado ecuatoriano ha ejecutado de manera sistemática “actos de persecución, criminalización y sanción a líderes sociales”. Citó el caso de la profesora Mery Zamora, condenada a 8 años de prisión por delito de sabotaje, por haber participado de una reunión gremial. Además 88 estudiantes del Colegio Central Técnico, en su mayoría menores de edad. Y “Los 10 de Luluncoto”, un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales de diferentes sectores del país, acusados y condenados terrorismo.

En su discurso, Carlos Pérez Guartambel contó que fue encarcelado tres veces acusado de terrorismo, por defender los derechos de la naturaleza. Además manifestó que “con este Decreto las autoridades tendrán acceso a toda nuestra información personal, actividades, creencias, preferencias políticas e ideológicas”. También dijo que esta resolución daría paso a que “burócratas y agentes estatales” intenten “legalmente controlar y espiar”.

Durante esta cita, también intervinieron los periodistas Miguel Rivadeneira y Jean Cano, quienes expusieron las trabas de la Ley de Comunicación de Ecuador al ejercicio del oficio y mencionaron la figura del “linchamiento mediático” que, según ellos, pretende blindar a los funcionarios estatales del control ciudadano y periodístico.

Vea el documento completo. 

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