Comunicado: “Hay voluntad política” en el CPCCS para analizar el Decreto 16

ORGANIZACIONESLa consejera Marcela Miranda, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS),  dijo ayer, martes 27 que “hay voluntad política” para revisar las inconsistencias del Decreto 16 señaladas por una docena de organizaciones sociales que acudieron a una reunión de trabajo en el organismo con el fin de pedir la derogatoria de dicho Decreto.

En la cita estuvieron presentes seis de los siete consejeros del CPCCS y al menos cinco se mostraron a favor de atender las demandas de las organizaciones, que consideran al Decreto 16 como inconstitucional y violatorio del derecho de libre asociación.

 El Decreto 16 está vigente desde el 20 de junio del 2013. Dispone como causal de disolución de las organizaciones la participación en actividades de política partidista, de injerencia en políticas públicas que atenten contra la seguridad del Estado o que afecten la paz pública y establece un registro único para todo tipo de organización de la sociedad civil.

 Miranda señaló que efectivamente el Decreto 16 es incoherente con el artículo 96 de la Constitución, que reconoce todas las formas de organización de la sociedad. Coincidió con el presidente del CPCCS, Fernando Cedeño, en que la disposición presidencial se confunden los roles de las organizaciones ciudadanas y de las no gubernamentales. “Me parece que hay algunos artículos que hay que analizarlos cotejándolos con la Constitución”, dijo Miranda y se mostró a favor de hacer una mesa de trabajo sobre el Decreto 16 con las organizaciones.

 Los consejeros David Rosero y Andrea Rivera reiteraron que las organizaciones de hecho “no pueden ser invisibilizadas por un Decreto”. Y el consejero Hugo Arias se mostró a favor de la movilización de las organizaciones sociales para la derogatoria de esta disposición presidencial y de respaldar un Amicus curiae (cuando un tercero envía sus criterios para que la Corte o Tribunal los considere en su decisión) para agilitar el trámite de las tres demandas de inconstitucionalidad contra el Decreto que se encuentran en la Corte Constitucional. No se pronunció la consejera Mónica Banegas.

En la reunión estuvieron las siguientes organizaciones: El Frente Popular (FP), la Unión Nacional de Educadores (UNE), la Federación de Barrios de Quito, la Federación de Estudiantes Universitarios, la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (Cucomitae), la Confederación Unitaria de Barrios del Ecuador (CUBE), la Confederación Nacional de Barrios del Ecuador (Conbade), la Federación de Barrios de Quito (FDQ), la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), la Junta Cívica de Guayaquil, el comité barrial ‘Casitas del Guasmo’, organización Plan Piloto, el Comité de Desarrollo Comunal 2 de Agosto, el Comité de Lucha contra el Pantano, los Comités Barriles de Bastión Popular, estudiantes de la Universidad Católica y Fundamedios.

 También estuvo presente Carlos Pérez, de la Ecuarunari, quien se quedó por pocos minutos, pero respaldó la derogatoria del Decreto 16. Así lo anunció a su nombre Nelson Erazo, presidente del Frente Popular. El dirigente explicó además que las organizaciones sindicales o gremiales son afectadas por este Decreto, porque violenta los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y de Derechos Humanos. “Hoy más que nunca es necesario la derogatoria del Decreto”, reiteró.

 Marita Paz, directora ejecutiva de la Junta Cívica de Guayaquil, manifestó que el decreto afecta a todo tipo de organizaciones y que les ha tomado más de un año hasta ser recibidos por el CPCCS. “El Quito Poder debe respaldar las iniciativas ciudadanas”, recordó.

Carlos Castellanos, presidente de la Cucomitae, denunció que no pueden inscribir a sus directivas desde la vigencia del Decreto y Pablo Cornejo, presidente de la Conbade, explicó los riesgos de este Decreto para los comités barriales que se organizan para exigir, por ejemplo, necesidades básicas como luz y agua. “Este Decreto les dice a ellos que simplemente no pueden ser reconocidos por el Estado, porque ahora hay la exigencia para que estos ciudadanos, muchas veces analfabetos y otros analfabetos digitales, tengan que notificar a la Secretaría de Gestión Política todas nuestras actividades y si no lo hacemos nos podrán disolver”, dijo Cornejo.

 Los estudiantes de la Universidad Católica, Pablo Valdivieso y María Augusta Albuja, solicitaron al CPCCS que actúe como puente entre la Corte Constitucional y la ciudadanía e inste a que las tres demandas de inconstitucionalidad presentadas ante el órgano de justicia constitucional sean atendidas en forma ágil y oportuna.

 Mientras que César Ricaurte, director de Fundamedios, manifestó que el mencionado Decreto es ampliamente discrecional y ambiguo, dando poder a un funcionario de Estado de determinar, a su criterio, si una organización cumple o no con los requisitos para su inscripción, o si no contraviene el orden público o las leyes. Esto impide y limita la creación y funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

 Por casi una hora intervinieron los representantes de las organizaciones sociales en defensa de los derechos de libre asociación y expresión. Las organizaciones entregarán un documento con la denuncia de los derechos afectados por el Decreto 16 para que el CPCCS respalde el pedido de derogatoria del mismo.

 Fernando Cedeño, presidente del CPCCS, afirmó que discutirán la solicitud en el interior del organismo, pero no dio fechas para una resolución final. Las organizaciones expresaron su urgencia, pues los plazos para el registro de las mismas, que establece el Decreto 16, se vencen el próximo 20 de junio.

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