Relator de la ONU dice que Ecuador no responde sus preguntas sobre el Decreto 16 y el cierre de la Fundación Pachamama

foto twiter
El Relator Especial de la ONU sobre Libertad de Asociación, Maina Kiai, expresó nuevamente su preocupación “por no haber recibido ninguna respuesta a sus preguntas por parte del Gobierno de Ecuador” sobre los derechos de asociación en el país, así como por el cierre de la Fundación Pachamama, durante el período de su último informe, que corresponde a marzo del 2013 a febrero del 2014. También recordó a Gobierno de su solicitud de visita al Ecuador que tampoco ha recibido respuesta.
 
Este es su último reporte:

“El Relator Especial agradece los acuses de recepción a dos de sus tres comunicaciones. Sin embargo, lamenta no haber recibido ninguna respuesta a sus preguntas por parte del Gobierno de Ecuador durante el período del presente informe. Considera que las respuestas a sus comunicaciones constituyen una parte esencial de la cooperación de los gobiernos con su mandato, e insta a las autoridades a proporcionar con la menor dilación posible respuestas detalladas a todas las inquietudes planteadas en sus comunicaciones.

Como ha hecho con anterioridad, el Relator Especial insiste en la necesidad de asegurar la existencia de un ambiente propicio para la sociedad civil, que permita el libre ejercicio de los derechos de asociación y reunión pacífica. Asimismo, reitera que el Estado tiene una obligación positiva de llevar a cabo medidas eficaces para hacer efectivo el disfrute de estos derechos.
El Relator Especial muestra su seria inquietud ante la información recibida relativa al presunto cierre de la Fundación Pachamama, una organización que trabaja desde hace 18 años de forma pacífica y legítima por la promoción y defensa de los derechos humanos, en especial los derechos de los pueblos indígenas en la Amazonía. El Relator Especial está también muy preocupado por que aquélla decisión se base en la participación pacífica de dos de sus miembros en una protesta en Quito, y se sustente en un Decreto Ejecutivo, el Decreto no. 16 -referente al reglamento para el funcionamiento del Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales y Ciudadanas (SUIOS)- que pueda que contravenga normas y estándares internacionales y obligaciones del Ecuador en virtud del derecho internacional.

Al Relator Especial le preocupan particularmente algunas disposiciones contenidos en el Decreto no. 16 adoptado el 4 de junio de 2013, entre otras, la definición ambigua de asociación, la regulación del financiamiento externo posiblemente discriminatoria, la imposición de miembros, los causales amplios de disolución de asociaciones, y la sujeción a un requisito obligatorio de registro. El Relator Especial recuerda que de conformidad con las mejores prácticas identificadas sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y asociación, “el término “asociación” debería entenderse “como todo grupo de personas físicas o jurídicas agrupadas para actuar de consuno y expresar, promover, reivindicar o defender colectivamente un conjunto de intereses comunes” (A/HRC/20/27, párrafo 51). Con respecto al financiamiento, el Relator Especial recuerda que el Consejo de Derechos Humanos ha exhortado a los Estados “a velar por que con ellas [las obligaciones de información impuestas a los individuos, los grupos y las instituciones] no se impongan restricciones de manera discriminatoria a posibles fuentes de financiación destinadas a apoyar la labor de los defensores de los derechos humanos” (A/HRC/RES/22/6, párrafo 9b) y ha reconocido “que los recursos son necesarios para la existencia y el funcionamiento sostenible de toda asociación” (A/HRC/RES/24/5, pp. 7). En lo referente a la adhesión, el Relator destaca como un elemento importante del derecho a la libertad de asociación “el principio de que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación… ya que una injerencia directa en la composición de sus miembros podría poner en peligro su independencia” (A/HRC/20/27, párrafo 55). Recuerda también, como mencionado en su informe temático al Consejo de Derechos Humanos, que “[l]a suspensión y la disolución involuntaria de una asociación son las formas más severas de restricción de la libertad de asociación. Por consiguiente, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, esas medidas sólo podrán imponerse ante un riesgo claro e inminente de violación flagrante de la legislación nacional. Deberán ser estrictamente proporcionales a su legítimo objetivo y se utilizarán únicamente cuando sean insuficientes medidas menos severas” (A/HRC/20/27, párrafo 75). A su vez, reitera que en lo relativo a la institución de asociaciones como personas jurídicas sólo un “procedimiento de notificación” se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos y debe ser aplicado por los Estados en lugar del “procedimiento de autorización previa”, que implica recibir la aprobación de las autoridades (A/HRC/20/27, párrafo 75). Asimismo, recuerda que “[e]n caso de adopción de nuevas leyes, no se debe exigir la reinscripción de todas las asociaciones ya registradas, a fin de protegerlas contra denegaciones arbitrarias o la interrupción de sus actividades” (A/HRC/20/27, párrafo 62).

El Relator Especial quisiera hacer hincapié en los artículos 21 y 22 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que Ecuador ratificó y se comprometió a respetar y a garantizar el 6 de marzo de 1969, y que garantizan los derechos de reunión pacífica y asociación. En el primero “[s]e reconoce el derecho de reunión pacífica. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”. El segundo estipula: “[t]oda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás…” En su informe temático al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial destaca “que solo podrán aplicarse “ciertas” restricciones, es decir que, sin lugar a dudas, la libertad será la regla y la restricción su excepción. A este respecto, se refiere a la Observación general Nº 27 (1999) del Comité de Derechos Humanos sobre la libertad de circulación, según la cual, “al aprobar leyes que prevean restricciones… los Estados deben guiarse siempre por el principio de que las restricciones no deben comprometer la esencia del derecho…, no se debe invertir la relación entre derecho y restricción, entre norma y excepción”. En consecuencia, cuando los Estados deseen restringir esos derechos, deberán cumplir todas las condiciones mencionadas. Por lo tanto, toda restricción debe obedecer a uno de los intereses concretos antes señalados, poseer un fundamento jurídico (estar “prescrita por la ley”, lo que implica que la ley debe ser accesible y estar formulada con la suficiente precisión) y “ser necesaria en una sociedad democrática” (A/HRC/20/27, párrafo 16).

Asimismo, el Relator Especial reitera el contenido del párrafo operativo 2 de la Resolución 24/5 del Consejo de Derechos Humanos donde se “[r]ecuerda a los Estados su obligación de respetar y proteger plenamente los derechos de todas las personas a la libertad de reunión pacífica y de asociación por cualquier vía, electrónica o no, también en el contexto de unas elecciones, incluidas las personas que abracen opiniones o creencias minoritarias o disidentes, los defensores de los derechos humanos, las personas afiliadas a sindicatos y otras personas, como los migrantes, que traten de ejercer o promover esos derechos, y de adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que cualquier restricción al libre ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación sea conforme con las obligaciones que les incumben en virtud del derecho internacional de los derechos humanos.”

El Relator Especial quisiera recordar al Gobierno de Ecuador su solicitud de visita del 14 de febrero de 2014 a la cual no ha aún recibido respuesta. En este contexto, el Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 15/21, “[e]xhortaa los Estados a que colaboren plenamente con el relator especial y le presten asistencia en el desempeño de sus funciones… y consideren favorablemente sus solicitudes para realizar visitas” (OP6). Una eventual visita, le permitiría clarificar las alegaciones recibidas y valorar objetivamente la situación de los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación en el país.”

Para mayor información sobre el reporte.

Anuncios
Categorías: ANÁLISIS, DOCUMENTOS | Etiquetas: , | Deja un comentario

Navegador de artículos

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s

Crea un blog o un sitio web gratuitos con WordPress.com.

A %d blogueros les gusta esto: