Hoy. Decreto 16: no es una medida jurídica sino política

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Foto: Diario Hoy

El Decreto 16 no es un tema legal ni jurídico, sino político. Ese fue el punto el que coincidieron seis organizaciones que presentaron hoy el libro El derecho a reunirnos en paz en el auditorio de la Facultad de Química de la Universidad Central.

El Decreto 16, emitido por el presidente Rafael Correa el 4 de junio de 2013, “atenta contra el derecho a asociarse libremente con personas de su elección”. Así lo explicó César Ricaurte, director de Fundamedios.

“Por ejemplo, en una organización de derechos humanos podrían ingresar policías o militares que pueden estar inmersos en violación de derechos humanos -dijo Ricaurte-, basta que la persona diga que tiene interés legítimo de participar y la organización tendría que recibirla”.

El limitado derecho a organizarse libremente, la disolución de las organizaciones que el Estado considera que afectan a la paz pública, la no privacidad de la información y el control de las organizaciones son los temas que preocupan a 30 organizaciones que hace un año presentaron tres demandas de inconstitucionalidad al Decreto 16 en la Corte Constitucional. Este organismo hasta el momento no ha emitido una resolución. Así lo denunció Ricaurte.

En la Ley Orgánica de Garantías Juridiccionales y Control Constitucional se estable que la Corte Constitucional tiene un plazo de 15 días para determinar si es admisible o no la demanda. Si es la primera opción, pasa a la fase de sorteo, luego a la etapa de acumulación constitucional, a la jueza ponente y, finalmente, al Pleno de la Corte. Sin embargo, desde que se entregó el documento no han recibido notificación alguna. Para Ricaurte, este proceso tendría una demora de cinco meses. Mientras no haya una resolución de la Corte, el decreto sigue vigente.

Alrededor de 58 mil organizaciones del país deberán registrarse hasta el 21 de diciembre en el Sistema Unificado de Organizaciones Sociales. Este decreto también se aplica a las organizaciones de hecho.

El monto de base para la creación de las coorporaciones es de $400m mientras que para las organizaciones de segundo y tercer grados es de $4 000.

Para Marita Paz, directora de la Junta Cívica de Guayaquil, el decreto es inconstitucional y por ello su organización no se inscribirá en el sistema. “Inscribirse en ese registro sería aceptar el decreto. Nosotros no lo vamos hacer y nos apegamos al derecho a la resistencia”.

Similar criterio tiene Rosana Palacios, presidenta de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Su criterio es que esta normativa es un tema político y que, por tal razón, merece una respuesta política. Ella llamó a las organizaciones sociales a declararse en desobediencia permanente y en constante resistencia.

Publicado en diario Hoy, el 24 de julio de 2014. Foto: Diario Hoy. 

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