Decreto 16: la presión vuelve sobre la Corte Constitucional

Foto: Expreso

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Varias agrupaciones, reunidas en el Colectivo por la Defensa de las Libertades y los Derechos Fundamentales, se dieron cita ayer en la Corte Constitucional, en Quito,

para exigir la adopción de medidas cautelares urgentes frente a la entrada en vigencia del polémico decreto 16.

A eso de las 10:30, integrantes de la Conaie y Ecuarunari; personeros de la Unión Nacional de Educadores (UNE), de la ONG Fundamedios; representantes de los trabajadores minoristas y de las mujeres; entre otros, bailaron y entonaron proclamas frente al edificio estatal, para luego hacer entrega de su pedido.

La manifestación incluyó la presentación de un grupo de mariachis que, simbólicamente, interpretó Las mañanitas. Querían despertar a los jueces que tienen pendiente la resolución de varias demandas de inconstitucionalidad del decreto.

La Corte admitió a trámite esas demandas en enero de 2014. Hasta ahora, sin embargo, no se han pronunciado.

El decreto 16, emitido el 4 de junio de 2013, creó el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (Suios) e impuso la obligación de que todas las agrupaciones se registren ante el Estado. La Secretaría de Gestión de la Política debía habilitar un portal web para cumplir con ese trámite hasta el 20 de diciembre.

Viviana Bonilla, titular de esta entidad, anunció que desde hoy funcionará una plataforma para el trámite en línea de las organizaciones sociales. Explicó que el Estado, a través de la secretaría que preside, ha recopilado la información de las agrupaciones de derecho registradas en cada ministerio, facilitando su registro.

Son 50.000 organizaciones de este tipo que hasta la fecha están registradas. “El decreto no ha afectado a ninguna organización social en cuanto a su vida jurídica. Si alguna organización no tiene el registro de la Secretaría de la Política, es porque nunca tuvo vida jurídica o porque nunca sacó el RUC. No habrá casos así”, dijo la funcionaria (ver entrevista adjunta).

Pero algunas organizaciones insisten en que el decreto atenta contra el derecho que tiene toda persona a asociarse libremente para fines lícitos. Dicen que tampoco garantiza el debido proceso y la protección judicial, y cuestionan el poder que se da a ciertos funcionarios.

¿Pero por qué el reclamo y la serenata no fueron para el presidente, que es el autor del decreto? Los representantes de 16 agrupaciones dicen que buscaron un acercamiento con el Ejecutivo, pero fracasaron.

El 4 de diciembre enviaron una carta al mandatario. Tenían un pedido: la derogatoria del decreto para “precautelar los derechos de los ciudadanos”. La respuesta les llegó el 11 de diciembre. Estaba firmada por Alexis Mera, secretario jurídico de Carondelet. Allí el funcionario les recordó que a quien “le compete realizar el análisis valorativo sobre la correspondencia del decreto con la Constitución, es a la Corte Constitucional”.

Nada dijo de una posible derogatoria.

Por eso, las organizaciones de la sociedad civil exigen una respuesta de la Corte. Reactivaron su protesta a cuatro días de que venza el plazo que estableció el Gobierno.

De los jueces esperan (con urgencia) que dicten una medida provisional para suspender la aplicación del decreto. Lo piden amparados en el artículo 79.6 de la Ley de Garantías Constitucionales. Esas medidas provisionales deberían estar vigentes hasta que la Corte decida la inconstitucionalidad total o parcial del documento.

 

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