La reforma al Decreto 16 es producto del Diálogo Nacional

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Ecuador tiene una nueva reglamentación para el registro y funcionamiento de las organizaciones sociales. El martes se publicó la reforma al Decreto 16. Se trata del Decreto 739, emitido por el Ejecutivo. Paola Pabón, subsecretaria de Gestión de la Política, resaltó que los cambios fundamentales consisten en la unificación de requisitos que entregan las organizaciones sociales para obtener su vida jurídica.

La funcionaria indicó que la reforma es producto de los diálogos que ha mantenido el Gobierno con diversos sectores durante poco más de un mes. “Uno de los temas recurrentes en las conversaciones ha sido el Decreto 16”, reconoció. Lo que se ha planteado es una reforma en el tema que más inquietud ha causado a las organizaciones: la forma de registro.

“Antes había una particularidad para cada organización, por ejemplo había una diferente dependiendo  si era agrícola, barrial, religiosa o de economía solidaria. Lo que se ha hecho es una homologación de los requisitos para que esto no genere dificultades y tomando una consideración específica de que se disminuya la cantidad de requisitos para evitar la dificultad del registro de las organizaciones”, explicó. Según las voces del Gobierno las reformas al decreto 16 facilita el trámite para las organizaciones y fundaciones, incluyendo las extranjeras sin fines de lucro.

El Gobierno quiere que los cambios se difundan rápidamente para que las entidades sepan que ahora deben cumplir menos trámites y requisitos.

“Nunca cuando se planteó el Decreto 16 el objetivo fue impedir la conformación de organizaciones. A nosotros como Revolución nos interesa fortalecer el tejido social a partir de los espacios sociales”, aclaró la funcionaria sobre las acusaciones de que la reglamentación perseguía un control político sobre las entidades.

Una de las plataformas de las protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que se ha unido al paro nacional convocado por el Frente Unitario de Trabajadores, era derogar el Decreto 16. De hecho, actualmente una marcha se dirige a Quito, entre otros motivos, con esta petición. “Estamos en un momento de priorizar los intereses de los ciudadanos de los corporativos. Creo que en esta lógica que chocamos con intentos de desestabilización es necesario hacer la diferencia con una oposición que no está en una plataforma de diálogo, sino de lucha e intereses preelectorales y que solo piensan en sus asuntos personales”, recalcó.    Reconoció que hay grupos de dirigentes que sí se preocupan por sus compañeros y para ellos es el llamado al diálogo, porque “seguro tendremos más puntos de encuentro que de disenso”.

Reacciones de manifestantes y organizaciones Ante esta publicación la reacción de la oposición ha sido variada. Para Juan Vareles, dirigente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), la reforma es una muestra de que quienes se oponían al Decreto 16 siempre tuvieron razón y por eso es que ahora se rectifica.

“Es una lucha de más de un año que ahora finalmente ha sido escuchada”, detalló el dirigente del gremio que forma parte del FUT. Mientras que Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, una de las filiales de la Conaie, considera que el cambio es solo un parche. Para él no se ha modificado la esencia del decreto, según el dirigente, que  sigue  teniendo como objetivo fiscalizar y controlar las organizaciones sociales. La Ecuarunari es una de las organizaciones que convocó a las movilizaciones, desde el pasado 2 de agosto a una marcha que salió desde Tundayme, un sector de la provincia de Zamora. El objetivo es llegar a Quito el 13 de agosto para unirse al paro nacional. Pérez resaltó que para ellos el tema importante del Decreto 16 no es el control de las donaciones internacionales porque la Ecuarunari  nunca, según él, ha recibido este  tipo de aportes, sino que “se legaliza el espionaje y el 80% de su contenido es nocivo para las organizaciones”.

Según los indígenas de oposición, lo que se necesita es una consulta prelegislativa porque hace referencia a derechos colectivos. Este es un mecanismo contemplado en la Constitución pero que atañe únicamente a la construcción de leyes en la Asamblea Nacional. Pérez Guartambel indicó que su objetivo es que las comunidades indígenas escojan internamente sus asambleas, sin ningún tipo de intervención. Lo único que tendrían que hacer, para él, es dar aviso al Estado para que tengan conocimiento y eso bastaría para obtener la vida jurídica, sin mayores inconvenientes.

“El pedido de la Ecuarunari es la derogatoria del Decreto 16 y que se deje en libertad a las organizaciones y comunidades para que ejerzan la plurinacionalidad y la libre determinación de los pueblos”, insistió. Por su parte, Vareles indicó que existen otros pedidos, concretamente el archivo de las enmiendas constitucionales, Según su perspectiva, el ciudadano debe decidir sobre este tema en una consulta. Para facilitar el registro de las organizaciones sociales, el decreto del martes otorga a las entidades del Gobierno, encargadas de dar vida jurídica a organizaciones, 90 días para unificar el trámite.

DATOS

Entre las reformas al citado decreto se destaca la eliminación, como requisito, del certificado de existencia emitido por el Registro Único de Organizaciones Sociales (RUOS). Además se suprime el artículo 48, en el que se establecía que las organizaciones sociales deben informar al Estado sobre los diferentes espacios de deliberación y la toma de decisiones. Antes las fundaciones y entidades entregaban esta información a través del Sistema Unificado de Información de Organizaciones Sociales (Suios); también deberían presentar detalles sobre los programas, proyectos y toma de decisiones que ejecutaban mediante el mecanismo de cogestión. Similar procedimiento debía efectuarse en los procesos de compras públicas.

En el capítulo de las obligaciones que deben cumplir las entidades, también se eliminó el numeral 6 que determinaba la declaración de los proyectos financiados con fondos del exterior, incluso la fuente de financiamiento. Las organizaciones debían hacerlo durante el último trimestre de cada mes en el portal del Suios.

La nueva normativa estableció una disposición transitoria, señalando que en 90 días desde el decreto, las instituciones con competencia para dar personalidad jurídica deben homologar los requisitos exigidos en los trámites de aprobación, reforma y codificación de estatutos y elección de directiva de las organizaciones. Otro cambio es que ya no se establece el registro e incorporación, al Suios, de las organizaciones que tuvieran una finalidad social, sean nacionales o extranjeras.

Artículo publicado originalmente en El Telégrafo.

Imagen tomada de El Telégrafo.

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