ECUADOR INMEDIATO: PAIS piensa en quitar enmiendas laborales

Sindicalistas mantendrán reuniones en los próximos días con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la de Enmiendas Constitucionales.

Luego de la reunión que mantuvo la Subcomisión de los Derechos de los Trabajadores con representantes del Parlamento Laboral y de la oficialista Central Unitaria de Trabajadores (CUT), se barajan dos posibilidades en el tema de las enmiendas laborales. La una es eliminar las dos incluidas en el paquete, o eliminar una y modular la otra para que se cambie la palabra obreros por la palabra trabajadores.

 

Osvaldo Chica, presidente de la CUT, dijo que como parte de los acuerdos se iniciará el trámite para ratificar los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Estos son el convenio 151 sobre las relaciones de trabajo en la administración pública, 154 sobre la contratación colectiva y 184 sobre seguridad social y salud en agricultura.

“Esto allanaría el camino para fundamentar la supresión de las enmiendas relativas a los trabadores”, dijo Chica. Añadió que la ratificación de los convenios que garantizan el derecho de sindicalización y de contratación colectiva.

Fernando Ibarra, presidente del Parlamento Laboral, agregó que para optar por alguna de las dos opciones se mantendrán reuniones en los próximos días con la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la de Enmiendas Constitucionales.

“Inclusive se acordaría con ellos una reunión con la bancada de Alianza PAIS para obtener el compromiso formal de que esa enmienda no se votaría en el debate”, dijo Ibarra.

Sin embargo, los dirigentes de los sindicatos, como Pablo Serrano, presidente del FUT, aseguran que su objetivo es el archivo del paquete de enmiendas.

¿Ceden?

En menos de un mes, el Gobierno redefinió varias iniciativas legales, que hoy forman parte de las exigencias del sector indígena, campesino y sindical movilizado desde hace casi tres meses en varias provincias.

El 3 de agosto, con la expedición del Decreto Ejecutivo 739 se reformó el Decreto 16. Según las organizaciones que permanecen en las calles, esta reglamentación perseguía un control político sobre las entidades.

La normativa se convirtió en una de las principales diferencias entre el Gobierno y algunos colectivos que aseguraban que existía un intento de afectar el derecho a la libre asociación. Seis meses después (5 de diciembre de 2013), la Fundación Pachamama fue cerrada por su presunta participación en actos violentos.

Aunque el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, exige su derogatoria y afirma que el cambio es solo un “parche”, la subsecretaria de Gestión de la Política, Paola Pabón, resalta que los cambios fundamentales consisten en la unificación y homologación de requisitos que entregan las organizaciones sociales para obtener su vida jurídica.

Antes de la reforma, los requisitos eran distintos, por ejemplo, para el sector agrícola, barrial, religioso, de economía solidaria… es decir, se facilita el trámite para las organizaciones y fundaciones, incluyendo las extranjeras sin fines de lucro.

Debate crece

Según la funcionaria, la intención del Decreto no es impedir la conformación de organizaciones, sino fortalecer el tejido social.

El dirigente de la Ecuarunari afirma, sin embargo, que la “esencia” del Decreto no se ha modificado y cree que su objetivo es fiscalizar y controlar las organizaciones sociales.

La corporación Participación Ciudadana también cree que la expedición de la nueva norma mantiene el espíritu del Decreto 16 por “vulnerar los derechos de Asociación y preserva el principio invasivo, sancionador y burocrático”. (HCR/SC)

Otro ejemplo

El 3 de agosto, el decreto presidencial 740 también modificó el reglamento de la Ley de Recursos Hídricos. La subsecretaria Paola Pabón insistió que estas decisiones son producto de lo que el Gobierno se ha dado por llamar diálogos y una muestra de apertura política.

Certificados de titularidad de la tierra, estaban entre los requisitos que debían presentar las organizaciones y comunidades indígenas y campesinas para acceder a una autorización de agua, pero había organizaciones que no tenían título de propiedad.

Según asambleístas del oficialismo, el reglamento reformado guarda relación con la Ley y mejorará las relaciones con las Juntas de Riego de Agua.

Pero, la dirigencia indígena insiste en la necesidad de una convocatoria a una consulta prelegislativa vinculante relacionada con los derechos colectivos.

 

Artículo originalmente publicado en Ecuador Inmediato.

 

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