EL COMERCIO: Decreto 16 será cambiado o eliminado

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El Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona, en 29 artículos, los delitos contra la “seguridad del Estado”, que se recogen en el capítulo sexto de la normativa.

Las penas privativas de libertad sancionan con hasta 13 años de prisión a las personas que cometan un delito contra la seguridad pública.

Grupos de derechos humanos y organizaciones políticas contrarias al Gobierno han calificado al Código, aprobado en el 2014, como un instrumento que “persigue a los dirigentes”.

Tras manifestaciones en las que se han dado enfrentamientos con las fuerzas del orden, el Estado ha utilizado las figuras de rebelión, destrucción o inutilización de bienes, sabotaje, paralización de un servicio público para sancionar a los involucrados. A estos artículos se suma el 283 (ataque o resistencia) que sanciona los comportamientos en contra de funcionarios públicos.

Luis Ángel Saavedra, director de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), dice que con las normas aumentó la “criminalización de la protesta social”. Solo en el 2015, durante las protestas indígenas, hubo 122 personas procesadas penalmente y, hasta ahora, 42 terminaron con sentencia.

La Confederación de Nacionales Indígenas (Conaie) presentó un informe en el que registra 678 procesos judiciales contra personas que participaron en protestas contra el Régimen en los últimos 10 años.

Según Inredh, el derecho a la protesta también se ha visto afectado por el Decreto Ejecutivo 16, emitido en el 2013. Ahí se establece mecanismos para el registro y funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales. Con base a ese decreto, en diciembre del 2013 se disolvió la fundación ecologista Pachamama, luego de que se opusiera a los proyectos mineros. También sirvió de base legal para la disolución de la Unión Nacional de Educadores (UNE) que se ejecutó en este año.

Ninguna forma de violencia se justifica

Lenín Moreno, Alianza País/ Lista 35

Todo ciudadano tiene derecho a la protesta, además está garantizada en nuestra Constitución. Sin embargo, nadie tiene –por legítimas que sean sus demandas- el derecho a interrumpir, violentar o paralizar los servicios fundamentales con los que cuenta el resto de los ciudadanos y peor aún atentar contra la vida de otras personas. Ninguna forma de agresión o violencia es justificable. Las penas y sanciones por estos hechos están determinadas en la ley. Como he indicado que todo es perfectible, reitero mi compromiso de mantener el diálogo, amplio y abierto, con todos quienes quieran alcanzar acuerdos que beneficien al país.

Mi compromiso es respetar derechos

Guillermo Lasso, Movimiento Creo/ lista 21

Guillermo Lasso no contestó. Públicamente ha dicho: los candidatos del cambio proponemos derogar el Decreto 16 y sus reformas para romper el grillete que han puesto a la sociedad civil, limitando el trabajo de las diferentes organizaciones no gubernamentales nacionales y extranjeras en Ecuador. Qué propone el oficialismo: mantener el Decreto 16 para reforzar los mecanismo de represión a la sociedad civil. Nosotros creemos en las libertades. La democracia es uno de los cimientos de las sociedades libres y su fortalecimiento requiere indispensablemente del pleno respeto a los derechos fundamentales y a las libertades.

El Decreto 16 es nefasto, totalitario

Cynthia Viteri, Partido Social Cristiano/ Lista 6

Toda norma que sirva para la persecución contra la sociedad civil o contra los opositores será derogada. Los decretos , como el 16, que han servido para criminalizar la protesta social serán eliminados. Las reformas a las leyes civiles o penales serán realizadas a través de la Asamblea Nacional desde mi iniciativa; y las reformas constitucionales por consulta popular. No podemos mantener leyes que han sido utilizadas hasta para disparar contra nuestra propia gente. El Decreto 16 es nefasto por quitar opinión a las organizaciones civiles. Es algo demencial y totalitario, propio de Cuba o Venezuela.

Reformaremos el COIP en su totalidad Paco Moncayo, Izquierda Democrática/ Lista 12

El Régimen quebranta las libertades de pensamiento, expresión, opinión y asociación para bloquear el control social de la gestión pública, intenta domesticar a la sociedad civil y coarta su autonomía neutralizando a la organización social. Para garantizar los derechos humanos fortaleceremos a los mecanismos universales, el sistema interamericano y los sistemas regionales de protección y aplicaremos sus decisiones. Controlaremos toda forma de uso ilegítimo y excesivo de la fuerza pública y reformaremos en su totalidad el Código Integral Penal COIP y derogaremos las figuras penales amplias, antiguas y ambiguas.

Hay que acabar con la criminalización ​Abdalá Bucarán Pulley, Fuerza Ecuador/ Lista 10

Vamos a revisarlo porque no todas las fundaciones y ONG son malas. Creemos que muchas de ellas podrían ayudar para proyectos de beneficio social principalmente para la niñez. Ese decreto será revisado para con estas organizaciones internacionales ver qué proyectos realmente benefician a nuestros niños. Sobre el tema de terrorismo ya está legislado y debe aplicarse. Hay que acabar con la criminalización de la protesta social que hoy el Gobierno disfraza de terrorismo. No se puede seguir atentando contra los derechos de aquellos que se acogen a la resistencia, un derecho que está en nuestra Constitución.

Dejaremos sin efecto el Decreto 16 WashingtonPesántez, Unión Ecuatoriana/ Lista 19

El Decreto 16 ha coartado las libertades de asociación y expresión de las fundaciones, organizaciones no gubernamentales y comunidades. Los casos como el de Acción Ecológica o el mismo de la comunidad shuar han sido amparados por este decreto y los artículos de ataque, resistencia y sabotaje. En nuestro gobierno vamos a derogar el Decreto 16 y pediremos la reforma de los artículos de Código Orgánico Integral Penal (COIP) con el fin de garantizar las libertades de la población a través de sus organismos, que buscan defender causas que son legítimas. Creemos firmemente en un estado de derecho.

Recuperar el derecho a la resistencia ​Patricio Zuquilanda, Partido Sociedad Patriótica/ Lista 3

Patricio Zuquilanza no contestó. En los objetivos específicos y sistema político detallado en su plan de trabajo, disponible en el portal del CNE, se señala: Queremos un país para vivir en paz, fomentando la unidad nacional, dejando a un lado los improperios, donde se pueda soñar en mejores días, donde todos tengamos nuestro espacio y seamos protagonistas de nuestro propio destino. Queremos recuperar la democracia para garantizar absoluta independencia de las funciones del Estado. Queremos recuperar el derecho a la resistencia, sin temor a la criminalización de la protesta social.

El Decreto tiene que ser reformado Iván Espinel, Fuerza Compromiso, Lista 5

La estrategia del Gobierno es ir en contra de la movilización de los ciudadanos, que es un derecho constitucional y una garantía que tenemos los ecuatorianos. Existen casos en los cuales la justicia no ha actuado de manera idónea ya que han sido apresados y sentenciados (manifestantes) bajo figuras de terrorismo, sabotaje o rebelión. Tampoco se han cumplido las sentencias emitidas por la propia Corte Constitucional. Estos acusados de tentativa son jóvenes de colegio. Lo más preocupante es que el Decreto no da espacio para las organizaciones espontáneas. Es probable que venga la Policía y pase lo del caso Luluncoto.

Artículo publicado originalmente en El Comercio.

Imagen tomada de El Comercio.

 

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