ECUADOR INMEDIATO: Johanna Cedeño sobre Código Orgánico de Participación Ciudadana: Objetivo no es regular a organizaciones, sino garantizar acceso a mecanismos dispuestos en Constitución

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Sostuvo que se busca “fusionar las leyes que, en este caso, están garantizando los derechos de participación”.

La asambleísta Johanna Cedeño se refirió a la iniciativa sobre el Código Orgánico de Participación Ciudadana, el cual ha sido cuestionado por varios sectores de organizaciones sociales. “En el 2013 ya planteábamos la necesidad de revisar la normativa existente en cuanto a la participación ciudadana, entendiendo que primero la función de transparencia y control social, las instancias nuevas creadas, promueven políticas públicas para los derechos de participación ciudadana”.

Señaló que “antes de la Revolución Ciudadana y Montecristi, no se hablaba de una silla vacía, de presupuestos participativos, eran de pronto iniciativas aisladas que, en algún punto, existían en el Ecuador, pero no era algo que estaba normado”. Indicó que una vez que se expidió la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y fue puesta en práctica, “nosotros hemos tenido la oportunidad de ir evaluando estos mecanismos de participación”.

Sobre la necesidad de plantear un código orgánico a esta ley, Cedeño manifestó que este código busca “fusionar las leyes que, en este caso, están garantizando los derechos de participación. La Ley de Participación Ciudadana y la Ley del Consejo de Participación Ciudadana, y al mismo tiempo, hacer algunas reformas específicas”.

Acotó que “En la Ley Orgánica de Finanzas Públicas se habla que ningún presupuesto puede ser aprobado sin antes haber pasado por un proceso de participación ciudadana. Lo que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, la silla vacía está siempre vacía”.

Acerca de esto expuso que “yo creo los Gobiernos locales, cuando aterrizaron esta normativa en ordenanzas, nosotros nos hemos encontrado con algunas denuncias, como por ejemplo, que un Gobierno local decía que para ocupar la silla vacía, la organización tenía que reunirse en una asamblea previa para designar a quien ocupa esa silla vacía”.

Destacó que la Asamblea Nacional, dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, establece que ninguna ley puede ser aprobada sin haber pasado por un proceso de participación y socialización. “Sin embargo, en el caso de los Gobiernos locales, vemos que se aprueban ordenanzas sin la mínima discusión”.

En cuanto al decreto 16, la asambleísta Cedeño explicó que fue presentado en el 2013, pero luego tuvo un reemplazo total con el decreto 739. “Nosotros lo que hicimos fue incorporar algunos elementos del decreto 739 en la propuesta inicial. Incorporamos lo que normaba a las organizaciones, presentamos un alcance de la propuesta cuando vimos que había preocupación de las organizaciones que decían que lo que estamos tratando es irregular”.

Agregó que dejaron lo que responde a lo que en sí significa una organización y sus tipos. “Rescatamos el hecho de que las organizaciones puedan inscribirse cada una en sus instituciones del área. Por ejemplo si es una productiva, está bien que se inscriba en el Ministerio de Agricultura, pero que exista un registro único de organizaciones con el fin de que las mismas instituciones públicas, cuando determinen políticas públicas, consulten a estas mismas organizaciones”.

Aclaró que antes las organizaciones debían registrarse en el Ministerio de Bienestar Social. “Siempre ha habido y siempre han tenido que registrarse”.

Afirmó que la preocupación de las organizaciones va por las causales de disolución. “Plantean que estamos restringiendo el derecho a la libre organización, pero yo creo que si una organización quiere hacer activismo político, que constituya una organización política, si hay una que quiere crear desarrollo productivo, que sea una productiva”.

Cedeño dijo que la ley no busca regular a las organizaciones, sino garantizar que tengan acceso a los mecanismos dispuestos en la Constitución. “Lo que busca es llamar la atención a alguien que no cumplan con estos principios de participación ciudadana, que sean actores protagónicos”.

Explicó que la propuesta recién fue ingresada. “Empezó a conocerse a la Comisión de Participación Ciudadana el día de ayer. Recién arranca un análisis de la propuesta”. Además, comentó que lo que la CONAIE planteó en su demanda no es una inconstitucionalidad, sino que no ha existido una consulta pre legislativa. “Estamos dispuestos a hablar con la CONAIE. Vamos a hacer una invitación a todas las organizaciones que quieran hacer aportes y revisar la propuesta”.

Por último, indicó que el Consejo de Participación Ciudadana debe fortalecerse. “Ese es otro de los planteamientos fuertes que tenemos dentro de la propuesta de ley y que incluso tenga capacidad sancionadora. Nadie puede sancionar sobre un derecho de participación que ha sido afectado”.

 

Artículo originalmente publicado en Ecuador Inmediato.

Imagen tomada de Ecuador Inmediato.

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