Argumentó que fundación Pachamama se cerró por “una decisión dada en la sabatina y que fue asumida por quien ejercía de autoridad en el Ministerio de Ambiente”

Mario Melo, abogado de la fundación Pachamama, indicó que tiene una mirada positiva con respecto a la decisión tomada por el presidente Moreno de eliminar los Decretos 16 y 139. Además, aclaró que la fundación fue cerrada “arbitrariamente por una decisión política” y anunció que pedirán al ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, que revise la situación de Pachamama para que le devuelvan su personería jurídica.

“Hay que reconocer una voluntad de cambio, de rectificación del presidente y al haber derogado los dos Decretos anteriores que regulaban la vida jurídica de las ONGs está reconociendo que esos Decretos eran abusivos, eran arbitrarios”, afirmó.

Explicó que la fundación Pachamama fue cerrada “arbitrariamente por una decisión política” que implicó la imposibilidad de continuar con un trabajo de defensa de derechos de la naturaleza e indígenas, sin permitirle el ejercicio al derecho de la defensa  y sin permitirle un debido proceso.

Anunció que el nuevo Decreto emitido no soluciona el conflicto. “Lo que estamos haciendo es pedirle al ministro del Ambiente que en un acto de justicia histórica revise la situación de Pachamama y reintegre la personería jurídica”, afirmó

Recalcó que la fundación fue cerrada en “vendetta” por algunas de las acciones como el caso Sarayaku, los derechos de la naturaleza en la Constitución, la denuncia de la décima ronda petrolera que “era un mal negocio para el país que afectaba al territorio de 7 nacionalidades indígenas en 3 millones de hectáreas en la Amazonía, esas son las verdaderas razones por las que se nos cerró”.

Reiteró que tienen la intención de volver como fundación Pachamama porque “existe una trayectoria histórica que debe ser respetada”. Además, considera que se debe restituir la personería jurídica y no cree que es justo que inicien un proceso de creación desde cero porque “sería allanarse a una situación que fue absolutamente arbitraria por el anterior gobierno y porque implicaría desconocer lo que ha sido una trayectoria muy importante al Ecuador”.

Sobre el por qué fueron desautorizados, por promover la violencia, Melo indicó que nunca hubo una prueba que demuestra alguna actitud violenta por parte de la fundación. Por el contrario, dijo, hay abundantes pruebas de que la fundación dirigía sus esfuerzos al Estado de Derecho, “a la defensa en las cortes nacionales e internacionales de pueblos indígenas, cuyo territorio era brutalmente agredido por industrias extractivas”.

Melo manifestó que el conflicto de explotación sigue porque “lamentablemente la humanidad todavía no comprende que nuestra casa común, que es la naturaleza, debe ser respetada y estamos en una situación crítica a nivel global por el cambio climático”.

Sin embargo, apuntó que en Ecuador hay más conciencia  de que hay una necesidad de escuchar diferentes voces con diferentes criterios con relación a las políticas públicas. “Tenemos el derecho de poder expresar nuestro desacuerdo con algunas políticas que creemos que son violatorias de derecho. Lo hacemos por los canales de la democracia y el Estado de Derecho”, afirmó.

Argumentó que a Pachamama se lo cerró por una decisión dada en la sabatina y “que fue asumida sumisamente por la persona que ejercía como autoridad del ministerio de Ambiente”.

Con respecto a los casos de Clever Jiménez y Fernando Villavicencio, Melo aclaró que Pachamama estaba cerrada y liquidada. “Parece que hay un olvido histórico, se le está queriendo achacar a la Pachamama en cosas que no tuvo nada que ver”, expresó.

Además, informó que por reclamos y defensa de los derechos les han vinculación con los conflictos sociales que están surgiendo en la Amazonía. Puntualizó que fue abogado de Sarayaku por casi 20 años y subrayó que “es un pueblo digno que no ha agachado la cabeza frente al anterior gobierno, el actual ni a ningún otro”.

En relación al proceso de recuperar la personería jurídica, luego de haber sido suspendida, Melo expuso que le corresponde al Ministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, haciendo uso en las atribuciones que tiene, tome una decisión de revisar el caso de Pachamama y volver a reintegrar la personería jurídica porque “el caso de Pachamama fue un caso de violación del debido proceso de falsas acusaciones que nunca fueron demostradas y nucas se nos permitió desvirtuar a través de pruebas”.

“Lo más importante para nosotros es que se reconozca es y ha sido una organización valiosa para el país, que ha defendido derechos y cuyo cierre ha sido totalmente arbitrario”, afirmó en referencia a que nunca le entregaron ningún informe, ni personalmente ni judicialmente.

Melo reiteró que el caso de Pachamama evidenció una política de persecución a los que pensaban distinto al Gobierno anterior.

“Debemos estar conscientes de que vivimos en una sociedad de democracia restringida y que el Estado de derecho pende de un hilo”, acotó.

 

Publicado originalmente por Ecuador Inmediato.

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