Críticas van hacia causales de disolución, pero lo ven como una victoria sobre anterior Régimen

Como una victoria, un paso importante para ejercer el derecho a la libertad de asociación y un revés a la política de persecución que, dicen, instauró Rafael Correa, califican representantes de organizaciones sociales la derogatoria de los decretos 16 y 739 por parte del presidente, Lenín Moreno. En su reemplazo quedó el decreto 193.

Como una victoria, un paso importante para ejercer el derecho a la libertad de asociación y un revés a la política de persecución que, dicen, instauró Rafael Correa, califican representantes de organizaciones sociales la derogatoria de los decretos 16 y 739 por parte del presidente, Lenín Moreno. En su reemplazo quedó el decreto 193.

Para Rosana Palacios, presidenta de la UNE, la derogación de esos decretos fue parte de la plataforma que les llevó a movilizaciones en contra del anterior Gobierno. “Significa que el Régimen de Moreno reconoce esta violación a la libertad de asociación”, dijo Palacios, con lo que toma un nuevo impulso el pedido de restitución de la personería jurídica de la UNE.

Mario Melo, abogado de la disuelta fundación Pachamama, coincide con Palacios y asegura que el decreto 193 muestra una voluntad de rectificación de Moreno. “Queda claro que esos decretos eran contrarios al interés nacional, a la Constitución y tenían la potencialidad de ser instrumentados para eliminar organizaciones que hacían defensa de Derechos Humanos”, dijo el abogado, hoy colaborador de Terra Mater.

Según María Arboleda, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción, los decretos 16 y 739 tuvieron un espíritu autoritario. “Tenían la intencionalidad de destruir el tejido social que en Ecuador era muy importante”.

Una preocupación que persiste

El hecho de que en el nuevo decreto se mantengan como causales de disolución desviarse de los objetivos de la organización o que se dedique a actividades partidistas (ver recuadro), son motivos de cuestionamiento por parte de César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios. Dice que son ambiguas, conflictivas, restrictivas y acarrearían una aplicación arbitraria.

Causales que también preocupan a David Rosero, exconsejero de Participación Ciudadana. Sin embargo, él considera que cuando se los quiera ejecutar y exista controversia debe aplicarse la Constitución, donde se garantiza el derecho a la asociación y organización.

La asambleísta Soledad Buendía (PAIS) calificó esto como un retroceso que se hayan eliminado esos dos decretos ya que va contra esa lucha que el pasado Gobierno mantuvo contra organizaciones como la UNE.

Sin embargo, para el constitucionalista Antonio Rodríguez Vicéns, las derogatorias son positivas, ya que habrá un poco más de libertad para los organismos sociales”.

 

 

Publicado originalmente por Ecuador Inmediato.

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