Presidente Lenín Moreno deroga decreto 16 y 739

El Gobierno de Ecuador derogó este 23 de octubre dos decretos que, según activistas, limitaban la creación y funcionamiento de organizaciones sociales y por los que fue disuelta, en 2016, la Unión Nacional de Educadores (UNE), en el pasado el mayor sindicato del magisterio.

“Gracias al diálogo nacional y acogiendo pedido de organizaciones sociales, quedan derogados Decretos 16 y 739”, escribió el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, en su cuenta de Twitter.

Moreno, asimismo, emitió un nuevo decreto ejecutivo, el 193, con el que creó un reglamento para facilitar la asignación de la personalidad jurídica(aptitud legal) a organizaciones sociales y civiles.

Los derogados decretos 16 y 739 levantaron en su momento una dura polémica con el anterior presidente del país, el izquierdista Rafael Correa (2007-2017), ya que con base en ellos retiró la personería jurídica a la Unión Nacional de Educadores (UNE), un sindicato opositor a ese régimen.

Moreno y sucesor de Correa, aunque ahora duro crítico de aquel, recalcó que el nuevo decreto permitirá agilizar la inscripción de las organizaciones sociales.

Además, “se respeta la garantía constitucional de la libertad de asociación”, dijo el Presidente en declaraciones difundidas en el portal web de los medios públicos.

Con el nuevo reglamento, la inscripción de organizaciones sociales será más sencillo, se simplificarán los requisitos y las ONG (fundaciones) serán las principales beneficiadas, aseguró el mandatario.

De su lado, el secretario de la Política el Gobierno, Miguel Carvajal, explicó que esta iniciativa no está enfocada en devolver la personería jurídica a ninguna organización en particular, pese a que la UNE podría volver a existir.

La UNE, fundada en 1950, fue disuelta por incumplir, según el Gobierno de Correa, la normativa vigente para el funcionamiento de las organizaciones sociales.

En septiembre del año pasado, un grupo de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas condenó la disolución de la UNE y consideró que la normativa establecía “restricciones demasiado amplias a la libertad de expresión y asociación”, lo que permitía a las autoridades disolver asociaciones con base en “criterios ambiguos”.

 

 

Publicado originalmente por Extra

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